Proponen tribunal fiscal para “agilizar” procesos contra DGI

Ante
las nuevas herramientas y el mayor número de información que posee la
Dirección General Impositiva (DGI) para fiscalizar, varios especialistas
en tributación coinciden que hay un debe respecto al derecho de los
contribuyentes. En ese sentido, en las últimas Jornadas Tributarias se
planteó la necesidad de crear un tribunal especializado en temas
fiscales que intervenga cuando existen reclamos sobre el accionar del
fisco.

Pero pese al apoyo casi unánime que recibe en la academia
esta propuesta, el gobierno “no lo tiene en agenda”, según manifestó a
El País el ministro de Economía, Danilo Astori. Mientras que el director
de Rentas, Joaquín Serra, defendió el sistema vigente porque dijo que
“otorga garantías” a los contribuyentes, aunque aceptó que “el proceso
podría ser modernizado” para agilizar los tiempos.

Actualmente,
luego de una inspección impositiva si el sujeto controlado entiende que
se le generó un daño o perjuicio, tiene un plazo de 10 días para
interponer simultáneamente dos recursos administrativos: uno es el
revocatorio y se presenta ante la DGI, y el otro es el jerárquico que
debe presentarse ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Desde
ahí comienza a correr un plazo de 150 días para que se falle sobre el
primero de los recursos, y en caso de que la resolución se mantenga hay
50 días más para expedirse sobre el recurso jerárquico.

Según
datos divulgados el año pasado por la DGI, entre un 10% y un 15% de los
recursos interpuestos por los contribuyentes culminan con la revocación
total o parcial de la resolución. Recién luego de recibir la
confirmación del acto recurrido en esta instancia es que se puede acudir
al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), órgano judicial que
entiende en las causas que involucran actos del Estado.

“El
mayor problema hoy para el contribuyente es el tiempo que demora una
disputa tributaria. Desde la inspección hasta que un tribunal decide
pueden pasar cinco años”, dijo a El País el profesor de Fiscalidad
Internacional y de Derecho Financiero en la Universidad Católica,
Leonardo Costa. Agregó que el plazo inicial para presentar un recurso de
revocación ante la DGI o el MEF termina siendo muchas veces “200 días
muertos”. Es que en dicha instancia existe la “denegación ficta”, es
decir que el silencio o no respuesta tiene valor denegatorio.

En
el mismo sentido se expresó Fabián Birnbaum, profesor de la cátedra de
Impuestos de la Universidad ORT, quien señaló que “hoy día enfrentarse
al fisco no es un trabajo sencillo”.

Si bien el TCA da la razón
al contribuyente aproximadamente en el 40% de los casos que interviene,
se trata de un “proceso muy largo”, indicó el profesor de Derecho
Financiero y Tributación Internacional de la Universidad de Montevideo,
Carlos Loaiza.

Para Serra, pese a la “imparcialidad,
independencia y amplias posibilidades de aportar argumentación y
pruebas” que brinda el TCA, el proceso judicial “podría ser modernizado”
porque el vigente data de 1878 y establece “instancias procesales
escritas, instancia única y una duración aproximada total de tres años”.


Alternativas.


El
consenso entre los tributaristas sobre la importancia de un tribunal
fiscal se divide en dos propuestas: por un lado, los que pretenden que
ese nuevo órgano intervenga con independencia técnica en la instancia de
revocación ante la DGI y pueda revisar las resoluciones del organismo, y
por otro, los que quieren un tribunal especializado en el ámbito de la
Justicia que brinde mayor tecnificación al análisis que realiza
actualmente el TCA.
Costa señaló que la existencia de un tribunal
fiscal que analice los recursos administrativos “podría acortar los
plazos”. Sostuvo que dicho órgano debería ser “independiente
técnicamente de la DGI para poder decir en cada caso quien tiene la
razón” y explicó que con esto “no se evita la posterior ida al TCA si el
tribunal fiscal mantiene el criterio de la administración, pero para un
montón de casos puede significar una revocación en menos tiempo”.

En
las Jornadas Tributarias, el contador Juan Antonio Pérez Pérez (asesor
del Departamento Tributario y Legal de KPMG) llegó incluso a proponer
una posible integración para un tribunal fiscal de este tipo con dos
representantes de las cámaras empresariales, uno por DGI, otro por el
MEF y un quinto elegido por consenso.

Birnbaum defiende la otra
propuesta: “Lo ideal sería un tribunal que intervenga en vez del TCA que
sea especifico de temas fiscales, con jueces especializados en la
materia, así es más rápido el fallo”. En la misma línea se encuentra
Loaiza, que señaló que “sería bueno ir hacia una justicia
especializada”, aunque se trata de algo “no tan simple porque exige una
reforma muy profunda de la formación de quienes van a ocupar esos cargos
y a la vez una actualización de las formas para acercarse al
procedimiento oral y público previsto en el Código General del Proceso”.


El catedrático de la Universidad de Montevideo añadió que hoy
día “existen una cantidad de aspectos tributarios que se resuelven por
fuera del TCA” y quedan en la órbita de la justicia ordinaria, como las
medidas cautelares o de clausuras que solicita la DGI. “Allí también
habría que tender a la especialización y la abreviación de los
procesos”, reclamó.

Serra opinó que la primera propuesta “no
parecería posible de implementar salvo una reforma de la Constitución”,
que establece que los recursos administrativos pueden ser revocados por
el órgano que lo emitió o por su jerarquía. En cuanto a crear tribunales
especializados con competencia en materia tributaria, dijo que “tiene
ventajas y desventajas, pero no es una alternativa que sea a priori
rechazable, más allá que debería estudiarse a fondo los posibles diseños
y el costo de implementarla”.

Fuente: http://negocios.elpais.com.uy/proponen-tribunal-fiscal-agilizar-procesos-dgi.html